La Organización del Poder Judicial

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La Organización del poder Judicial

Anteriormente hemos visto los principios del Poder Judicial y a continuación la Organización del poder judicial. Lógicamente su organización se fundamenta en estos principios para garantizar la equidad, igualdad, la congruencia de las sentencias y la ejecución de las mismas. Para ello, la Jurisdicción se nutre de una serie de organismos que aseguran estos principios, pudiendo elaborar la siguiente Ecuación:

JURISDICCIÓN = PODER JUDICIAL + TRIBUNALES ESPECIALES + JURISDICCIONES ESPECIALES + TRIBUNALES SUPRANACIONALES

Pese a existir numerosos organismos, el poder Judicial presenta un sistema jerárquico tipo piramidal, donde se encuentra el CGPJ, quien ostenta todas las potestades gubernativas, incluida la disciplinaria (art. 104.2 LOPJ).

Asimismo, el Poder Judicial es único y pertenece al Estado (art. 149.1.6 CE). No obstante, las CCAA pueden ostentar, dentro del marco constitucional, las competencias legítimas sobre demarcación y planta del Poder Judicial y sobre la denominada Administración de la Administración de la Justicia. De ahí que exista también la siguiente ecuación, donde hay participación de las Comunidades Autónomas.

ADMON. DE JUSTICIA = JURISDICCIÓN (POTESTAD JURISDICCIONAL + AUTOGOBIERNO + ESTATUTO DE JUECES Y MAGISTRADOS) + Ministerio Fiscal + LEGISLACIÓN SOBRE PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN. DE JUSTICIA + ÓRGANOS COLABORADORES SUPRA-AUTONÓMICOS

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El Tribunal Constitucional

Actúa como intérprete de la Constitución Española. Se le atribuye el cargo de Guardián de la Constitución y se encuentra situado fuera del Poder Judicial y no se rige por las disposiciones de la LOPJ. Su total independencia dentro del Poder Judicial cumple una función: velar cumplimiento de la Constitución y que ninguno de los 3 poderes (Ejecutivo, Legislativo, Judicial) pueda ir en contra de la misma. Del mismo modo que protege los principios Constitucionales, también protege los derechos fundamentales de toda persona física o jurídica, de ahí que sea un tribunal al que se acuda en última instancia si se ha vulnerado alguno de sus derechos fundamentales dentro del proceso jurídico (recurso de amparo).

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Los juzgados y tribunales

El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los juzgados y tribunales del art. 26 LOPJ. Éstos se pueden clasificar por:

Según su Especialización jurídica: derivada de la complejidad del ordenamiento material, aparecen los órdenes jurisdiccionales (civil, penal, contencioso-adtivo y social) o manifestaciones de la Jurisdicción (arts. 22 a 25 LOPJ). Puede ser:

  • Órganos jurisdiccionales unipersonales: Juzgados: Juzgados de Paz; de 1ª Instancia e Instrucción; de lo Mercantil; de Violencia sobre la Mujer; de lo Penal; de lo Contencioso-adtivo; de lo Social; de Menores; y de Vigilancia Penitenciaria.
  • Órganos jurisdiccionales colegiados: Audiencias (Provinciales y Nacional) y Tribunales (Tribunal Supremo y Tribunales Superiores de Justicia).

Según su función:

  • Función de Juzgados (1º instancia): Recabar los hechos, Verificar su prueba y Aplicar el Derecho mediante la sentencia.
  • Función de Tribunales (2º grado): bien de apelación o de casación.

Según su criterio: 

  • Territorial u Organización judicial horizontal: Nacional, Comunidades Autónomas, Provinciales, Juzgados de Partido.
  • Material u Organización judicial vertical: Civil, Penal, Social, Contencioso-Administrativo, Militar.

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El Jurado Popular

Según el art. 125 de la CE: “Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Admón de Justicia mediante la institución del Jurado, en la forma y con respecto a los procesos penales que la ley determine”. Su representación es la forma más perfecta de participación popular en la Justicia (art. 23 CE), dado que el pueblo administra la Justicia directamente (derecho subjetivo, público, cívico y activo).

La configuración del jurado popular corresponde al Poder Legislativo (art. 125 CE), quedando claro que el derecho al jurado participa de la naturaleza de los derechos de configuración legal, por lo que, dentro de los límites de la CE, las Cortes Generales son dueñas absolutas de su regulación. Existen 2 procedimientos de selección: el objetivo y el subjetivo. En España se optó por el objetivo, que permite una mayor participación popular al extraerse los candidatos a jurados del censo electoral mediante el correspondiente sorteo. Todo ciudadano español puede participar en este proceso, excepto aquellos que ejercen o tienen formación en Derecho y Ciencias Jurídicas, dado que ellos conocen perfectamente las leyes y no son “inocentes” ante un veredicto. Hay que tener en cuenta que las votaciones del veredicto son a puerta cerrada y están motivadas por un magistrado.

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La jurisdicción como presupuesto procesal

La Jurisdicción supone el otorgamiento por el ordenamiento Jurídico a un determinado Tribunal de la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado. Constituye, por tanto, uno de los presupuestos necesarios para que se ponga en marcha el proceso. Para ello, resulta preciso que:

  • Que la materia litigiosa no esté exenta del conocimiento de los tribunales españoles.
  • Que, admitida la Jurisdicción del Estado español, dicho conocimiento no esté atribuido a otra Jurisdicción especial (la militar), a otro Tribunal especial (TC, T de Cuentas o los Tribunales consuetudinarios y tradicionales) o a otro orden jurisdiccional distinto al civil (penal, contencioso-administrativo o laboral).
    La jurisdicción es un requisito previo al proceso, sin cuyo cumplimiento no puede válidamente instaurarse, ni, por lo tanto, puede el Juez entrar en el examen jurídico material de la pretensión, es decir, no puede satisfacerla materialmente.

No obstante, se originan en ocasiones conflicto de competencias entre organismos que deben ser subsanados.

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Jueces y Magistrados

El estatuto jurídico de los jueces y magistrados es materia de reserva de LOPJ (art. 122.1 CE). Quedando vedado a las CCAA legislar sobre dicho estatuto; y el Estado tan sólo puede incidir en esta materia por vía de la pertinente reforma de la LOPJ.

Este cuerpo de funcionarios posee unos Estatutos propios para asegurar la independencia de jueces y magistrados y que no se vena motivados a supuestos soborno, o actividades para motivar asuntos personales.

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El Ministerio Fiscal

El Ministerio Fiscal tiene por misión promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio, o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales, y procurar ante éstos la satisfacción del interés social.

  • Vista Objetivo: Su naturaleza es pacífica, en cuanto es una parte imparcial que, mediante el ejercicio del derecho de acción, provoca la actividad jurisdiccional para proteger la legalidad procesal o material y sostener la acusación en el proceso penal.
  • Vista Subjetivo: Su naturaleza NO es pacífica, por cuanto la doctrina aún discute acerca de si nos encontramos ante un órgano dependiente del Poder Ejecutivo o perteneciente al Poder Judicial.

No es un órgano plenamente jurisdiccional, porque, ni ejercita la potestad jurisdiccional, ni goza, con plenitud, de la independencia judicial. Se rige por los principios de unidad y dependencia jerárquica: su imparcialidad es superior incluso a la de los jueces (imparcialidad colectivamente reflexionada). El MF es un órgano imparcial, promotor y colaborador de la jurisdicción, perteneciente al Poder Judicial, aunque no se encuentre orgánicamente en él ubicado.

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Personal Colaborador de Justicia

A Jueces y Magistrados le acompaña un cuerpo de funcionarios al servicio de la Justicia (El Título I del Libro VI, según la reforma de la LOPJ 19/2003, regula las disposiciones comunes de los funcionarios al servicio de la Admón de Justicia).

  • Cuerpo de Gestión procesal: Gestionar la tramitación de los procedimientos, Practicar y firmar las comparecencias, Documentar los embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera, Extender las notas que tengan por objeto unir al procedimiento datos, Realizar las tareas de registro, recepción y distribución de escritos y documentos, Colaborar con los órganos competentes en materia de gestión administrativa, Su posibilidad de nombramiento como secretarios sustitutos…
  • Cuerpo de Administración procesal (arts. 475.a y 477) = Sus competencias son: La tramitación general de los procedimientos, mediante el empleo de los medios mecánicos u ofimáticos que corresponda; El registro y la clasificación de la correspondencia; La formación de autos y expedientes, bajo la supervisión del superior jerárquico; La confección de las cédulas pertinentes; El desempeño de aquellas jefaturas que en las relaciones de puestos de trabajo de la Oficina judicial estén asignadas a este Cuerpo; La posibilidad de ocupar puestos de las unidades administrativas, siempre que se reúnan los requisitos y conocimientos necesarios exigidos para su desempeño en las relaciones de puestos de trabajo de las mismas; La realización de todas aquellas funciones que legal o reglamentariamente se establezcan y de cualesquiera otras funciones de naturaleza análoga a las anteriores que, inherentes al puesto de trabajo que se desempeñe, sean encomendadas por los superiores jerárquicos, orgánicos o funcionales, en el ejercicio de sus competencias.
  • Cuerpo de Auxilio Procesal (arts. 475.a y 478) = El Cuerpo de Auxilio Judicial, son los denominados “Agentes Judiciales”, para su ingreso se exige el graduado en ESO o equivalente. Estos funcionarios, cuando actúan como policía judicial, tienen el carácter de Autoridad.
    Competencias: La práctica de los actos de comunicación (notificaciones, citaciones, emplazamientos y requerimientos); Como agente de la autoridad, proceder a la ejecución de embargos, lanzamientos y demás actos cuya naturaleza lo requiera.
  • Policía judicial: Averiguar acerca de los responsables y circunstancias de los hechos delictivos y la detención de los primeros.  Ofrecer auxilio a la autoridad judicial y fiscal en cuantas actuaciones deba realizar fuera de su sede.  Realizar material de las actuaciones.  Garantizar el cumplimiento de las órdenes y resoluciones de la autoridad judicial o fiscal.
  • Médicos Forenses: Realizan la asistencia técnica a juzgados, tribunales, fiscalías y oficinas del Registro Civil. Emitir informes y dictámenes médicos legales en el marco del proceso judicial. Los médicos forenses estarán destinados en un Instituto de Medicina Legal o en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses.
  • Otros cuerpos: técnicos y ayudantes de laboratorio.

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Abogados y procuradores

La defensa es uno de los principales derechos fundamentales y es imprescindible para comparecer ante la Justicia. Se necesita de un Procurador y un Abogado para que gestionen la defensa del acusado y del demandante ante un conflicto social.  A ellos se les confía la tarea de defender a una persona física o jurídica para que en ningún momento del proceso judicial se vulneren sus derechos. Asimismo, sirven para validar el proceso jurisdiccional.

Normalmente, se tiene plena capacidad de elegir a tu representante (art. 33.1 LEC), excepto en proceso penal, que siempre será un abogado de oficio (art. 118.1 y 4 y 767 LECrim); o en caso de no disponer de los suficientes recursos económicos que recurrirá a la asistencia gratuita (retribuidos por el Estado).

En todo el proceso, todo personal de la Justicia (procuradores, magistrados, abogados, jueces…) deben controlar y vigilar su oficio. Los procuradores y abogados deben actuar con profesionalidad, honradez, lealtad, diligencia y firmeza en la defensa de los intereses de sus representados.

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