En los últimos años he visto cómo la transformación digital ha dejado de ser una opción para convertirse en una necesidad real para empresas de cualquier tamaño. No importa si hablamos de una multinacional tecnológica o de una pyme familiar: todas, en mayor o menor medida, se enfrentan a retos comunes en un escenario marcado por la digitalización y por las nuevas formas de trabajo.
Como abogado y asesor jurídico, me llegan constantemente consultas de empresas que buscan entender cómo adaptar sus contratos, su organización y su fiscalidad a esta nueva realidad. En este artículo quiero compartir mi experiencia, algunos ejemplos prácticos que me encuentro en mi despacho y la importancia de contar con un acompañamiento legal adecuado.
La digitalización: un cambio cultural más allá de la tecnología
Cuando hablo con empresarios y trabajadores, noto que muchos todavía piensan en la transformación digital como “tener una web” o “abrirse un perfil en redes sociales”. Pero la realidad es mucho más profunda. La digitalización afecta a cómo producimos, cómo nos relacionamos con los clientes y cómo organizamos el trabajo interno.
En España, la importancia de este proceso es tal que el propio Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, en colaboración con universidades y escuelas como la EOI (Escuela de Organización Industrial), está financiando e impulsando numerosos cursos y programas de capacitación. He visto a clientes míos inscribirse en estas formaciones de “Generación Digital PYMES” o programas de competencias digitales, y el cambio en su forma de trabajar ha sido inmediato:
- Pymes que antes llevaban su contabilidad en papel ahora facturan en la nube y se integran en plataformas como Verifactu.
- Comercios locales que dependían del boca a boca han creado tiendas online y llegan a clientes en toda España.
- Empleados que antes solo sabían manejar Excel ahora analizan big data para tomar decisiones estratégicas.
Este esfuerzo institucional conecta directamente con lo que subraya la Brújula Digital 2030 de la Unión Europea: no se trata solo de tener tecnología, sino de que al menos el 80% de los adultos adquiera competencias digitales básicas y de que las empresas adopten herramientas como la inteligencia artificial, el cloud o la automatización inteligente
En mi despacho he visto cómo, tras pasar por estos programas, algunos clientes ya no me preguntan únicamente por contratos o impuestos, sino también por temas como:
- “¿Cómo protejo los datos de mis clientes si uso una plataforma en la nube?”
- “¿Puedo aplicar IA para personalizar mis servicios y qué implicaciones legales tiene?”
- “Si mis trabajadores están en teletrabajo desde otra comunidad autónoma, ¿qué convenio aplico?”
En definitiva, la formación digital no solo transforma a los empleados, también cambia a los propios clientes: ahora están más informados, más exigentes y demandan servicios rápidos y personalizados.
Por eso creo que la transformación digital no es un lujo, sino un cambio de dinámica empresarial y social que exige que tanto empresas como trabajadores estemos en formación continua. Y ahí es donde entra de nuevo la necesidad de la figura del asesor jurídico o legal, para traducir toda esta revolución en un marco seguro y confiable.
Conviene aclarar que asesor jurídico no es exactamente lo mismo que abogado, aunque en muchas ocasiones ambas funciones las desempeña la misma persona. El asesor jurídico se centra principalmente en orientar y prevenir riesgos legales dentro de la empresa, mientras que el abogado, además de asesorar, está habilitado para ejercer la representación y defensa ante los tribunales. Lo que sí comparten ambos perfiles es la base académica: haber cursado el Grado en Derecho, lo que les permite comprender y aplicar el marco normativo con solvencia.
Nuevas modalidades laborales: el teletrabajo y más allá
Uno de los grandes hitos recientes ha sido la regulación del teletrabajo en España, impulsada por la pandemia pero que ha llegado para quedarse. Sin embargo, no es la única novedad:
- Trabajo híbrido: combinar días presenciales y días remotos.
- Trabajo deslocalizado: contratar a profesionales que trabajan desde otros países.
- Colaboraciones digitales: autónomos o freelances que trabajan por proyectos, muchas veces a distancia.
Un ejemplo que me encontré recientemente: una empresa de marketing contrató a un diseñador gráfico que trabajaba desde Argentina. El empresario no tenía claro si debía aplicar retenciones en la nómina, cómo tributar el pago ni qué riesgos laborales asumía. Ahí es donde se ve claramente la necesidad de la figura del asesor jurídico o legal, capaz de guiar en un terreno donde lo laboral, lo fiscal y lo mercantil se entremezclan.
Nuevas funciones digitales en el pequeño negocio
La modernización de los negocios no solo cambia la forma de vender o de relacionarse con clientes, también modifica lo que se espera de los trabajadores. Hoy en día es habitual que un administrativo tenga que saber manejar plataformas de facturación en la nube, que un dependiente de comercio gestione pedidos online o que un técnico utilice herramientas de big data para analizar tendencias de ventas.
El problema es que muchos convenios colectivos no se han actualizado lo suficiente para recoger estas nuevas competencias digitales. Esto genera vacíos legales que pueden convertirse en conflictos.
Aquí entra en juego la figura del asesor jurídico o legal:
- Puede incorporar cláusulas adicionales en los contratos de trabajo, regulando de forma clara qué funciones digitales asume cada empleado.
- Puede diseñar un cuadro normativo común para todos los trabajadores de la empresa, evitando desigualdades y conflictos internos.
- También puede asesorar en la formación digital como obligación empresarial, para que el trabajador sepa que la empresa le respalda en la adquisición de esas nuevas competencias.
En mi despacho me encontré con una pyme de hostelería que implementó un software de reservas online. Los camareros tuvieron que aprender a usar tablets para gestionar los pedidos. Como el convenio no decía nada de esas funciones, el empresario decidió regularlo mediante un anexo contractual con mi ayuda. El resultado fue positivo: trabajadores protegidos y empresa cubierta legalmente.
Protocolos internos y prevención de conflictos laborales
Otro aspecto clave de la transformación digital es la gestión de riesgos laborales en entornos modernos. Ya no basta con cumplir con la prevención de riesgos físicos: ahora hablamos de riesgos psicosociales, acoso laboral (mobbing), discriminación digital e incluso delitos informáticos cometidos en el marco de la empresa.
Cada vez más empresas implantan protocolos internos de denuncia, que permiten a cualquier trabajador reportar:
- Conductas de acoso laboral o sexual.
- Prácticas de discriminación en el uso de herramientas digitales.
- Sospechas de delitos relacionados con el trabajo (p. ej., acceso indebido a datos personales).
Aquí el asesoramiento jurídico es indispensable, tanto para redactar esos protocolos como para designar a la persona que actuará como receptor de denuncias. A veces es un trabajador formado, y otras veces conviene designar a un asesor externo especializado para garantizar la independencia.
Este tipo de mecanismos no solo protege a la empresa frente a sanciones de Inspección de Trabajo o demandas judiciales, sino que también genera confianza entre los empleados.
Retos legales de la transformación digital
La digitalización genera oportunidades, pero también riesgos:
- Protección de datos: cada vez que una empresa utiliza plataformas en la nube, está gestionando datos sensibles de clientes y trabajadores.
- Propiedad intelectual: en entornos digitales es más frecuente la copia o el uso indebido de contenidos.
- Contratos electrónicos: firmar un contrato digital es válido, pero debe cumplir con la normativa de confianza digital.
- Ciberseguridad: si un ataque informático paraliza la empresa, ¿quién responde?
En mi despacho atendí a un cliente que perdió una parte de su base de datos por un fallo de seguridad en un proveedor externo. Al no haber revisado las cláusulas de responsabilidad en el contrato, la empresa terminó asumiendo los costes de recuperación. Es un ejemplo claro de cómo la falta de previsión legal puede multiplicar los problemas.
El papel del asesoramiento jurídico en este nuevo contexto
La transformación digital exige que los abogados nos adaptemos también. Ya no basta con redactar contratos o litigar: se necesita una visión transversal que abarque lo tecnológico, lo laboral y lo fiscal.
En mi experiencia, lo que más valoran las empresas es contar con un profesional cercano que les traduzca las normas y las ayude a aplicarlas en su día a día.
Por ejemplo, Iurislab Consulting es una empresa con domicilio en Valencia, cuyo objeto social principal es el asesoramiento jurídico, laboral, contable, fiscal y administrativo a empresas. Están especializados en el asesoramiento integral de empresas y pueden ofrecer servicios en toda España y, especialmente ofrecen asesoramiento jurídico en Valencia. La contratación de sus servicios es un ejemplo de tener seguridad jurídica sin frenar la innovación tecnológica.
Conclusión: transformación digital con seguridad legal
La transformación digital no es solo tecnología: es estrategia, personas y también derecho. Cada empresa que se digitaliza abre nuevas oportunidades, pero también se expone a obligaciones legales que deben gestionarse con cuidado.
Desde mi experiencia, la clave está en anticiparse, diseñar protocolos internos claros y contar con profesionales especializados. La figura del asesor jurídico o legal ya no es un “extra”, sino un pilar imprescindible para que la empresa pueda crecer con seguridad en este nuevo entorno.
Mi consejo final es claro: invierte en digitalizar tu negocio, pero no olvides blindar cada paso desde el punto de vista jurídico. Es la única forma de transformar sin miedo y con confianza en el futuro.
